Todo hace indicar que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ya tiró la esponja ante lo que sucede en la región La Libertad, donde no solo hay crímenes y extorsiones en la zona de la costa, sino también una nueva modalidad de terrorismo en la sierra que afecta directamente a la minería formal, esa que sí es supervisada por el Estado, que tributa a manos llenas y que es un soporte de nuestra alicaída economía que este año espera tener cifras más auspiciosas que las del 2023, que cerró en rojo.
La sierra liberteña y en especial la provincia de Pataz se ha convertido en tierra liberada por el crimen organizado asociado a la minería ilegal, tal como informamos ayer en Correo Lima, donde damos cuenta de los 10 atentados dinamiteros contra el tendido eléctrico que abastece a las actividades de minera Poderosa, a la que a fines del año pasado le mataron nueve trabajadores, sin que hasta el momento haya responsables a pesar del despliegue policial que finalmente solo fue para la foto.
Pero el problema en La Libertad, tanto en la costa como en la sierra, no solo se centra en Lima, donde la inacción del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional es evidente. A esta dejadez capitalina, se suma la gestión del gobernador César Acuña, quien no ata ni desata por andar pensando en sus próximas vacaciones por Europa, al extremo que ni es capaz de nombrar funcionarios idóneos que utilicen los recursos públicos con los que cuentan. En 2023 dieron pena en la ejecución de gasto.
¿Así quieren atraer inversión nacional y extranjera para generar empleo y bienestar? Si no son capaces de poner freno a estas bandas de crimen organizado que en la práctica son pequeños ejércitos que se dan el lujo de dinamitar torres de alta tensión y hacer verdaderas matanzas, ¿con qué cara van al extranjero a decir que en el Perú reina la paz y a pedir que traigan su plata sin mayor problema? En este momento nos deben estar mirando desde afuera como un país paria, incapaz de garantizar la seguridad de las actividades económicas.
Se necesitan medidas urgentes para recuperar el espacio que el Estado ha perdido en la sierra de La Libertad. Lamentablemente no hay voluntad política para tomar acciones, pues en el Ministerio del Interior, su cuestionado titular, Víctor Torres, ha estado más interesado en poner a sus amigos en las unidades de Tránsito y Carreteras. Por qué será, ¿no? Mientras tanto, el crimen organizado sigue avanzando y ahuyentando la inversión que tanto necesita un país que busca salir del hoyo.