El siniestro en el ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha puesto en evidencia algo que el país suele preferir no mirar de frente: nuestra enorme vulnerabilidad frente a fallas en infraestructura crítica. Las causas del incidente deberán determinarse, pero el hecho es revelador. Un solo evento puede comprometer el abastecimiento energético de buena parte del país.

Si alguien se pregunta cuánto le cuesta al Perú la politización permanente y la inestabilidad institucional, este caso ofrece una respuesta concreta. La gestión de infraestructura estratégica requiere continuidad, instituciones técnicas sólidas y capacidad real de supervisión del Estado. Sin embargo, lo que hemos construido es un aparato público debilitado, con autoridades que cambian constantemente, reguladores sometidos a presiones políticas y decisiones que muchas veces responden más a coyunturas que a planificación.

Contradictorio que se haya trabajado una adenda para incorporar nuevas inversiones a cambio de extenderle el plazo de la concesión a TGP —una práctica popular impulsada desde el gobierno de Boluarte— a otras concesiones del sector transportes— sin que en paralelo se hayan abordado mejoras sustantivas al proyecto vigente. Entre ellas, por ejemplo, inversiones en redundancia que permitieran contar con un plan B.

Cuando las instituciones no logran consolidarse, la capacidad del Estado para anticipar riesgos, exigir estándares más altos o reaccionar con rapidez simplemente se erosiona.

Además, el episodio debería recordarnos que el país no terminó de aprender las lecciones de Lava Jato. Aquella crisis expuso cómo la captura de decisiones públicas puede comprometer proyectos estratégicos durante décadas. Sin institucionalidad fuerte, incluso las grandes infraestructuras terminan dependiendo demasiado del azar.