En nuestro país, el sistema privado de pensiones lleva más de treinta años de creado. En ese tiempo, solo poco más de tres millones de personas aportan a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), lo que representa menos del 20% de la Población Económicamente Activa (PEA). El esquema obligatorio nunca logró masificar la cobertura, mientras la informalidad laboral (por encima del 70%) sigue siendo la regla. En este contexto, surge una pregunta legítima: ¿qué sentido tiene mantener un sistema que obliga a aportar, cuando los afiliados, cada vez que se abre la puerta, prefieren retirar su dinero? A la fecha van siete retiros —justificados o no— que superarían los S/ 120,000 millones. Un mercado donde los “clientes” están forzados a permanecer difícilmente genera incentivos para ofrecer mejores servicios. La razón de ser de la obligación es asegurar pensiones dignas, pero lo que vemos es un tremendo descontento y un uso de los fondos como ahorro disponible, en lugar de capital para la vejez. Liberar el mercado tampoco parece la respuesta. Sin un mínimo de ahorro, muchos trabajadores no guardarían nada, lo que generaría futuros costos asistenciales para el Estado; es decir, para todos los contribuyentes. La salida estaría en un modelo mixto: un aporte obligatorio mínimo que garantice un fondo básico para la jubilación, y abrir la competencia entre AFP, bancos o aseguradoras para captar tanto el ahorro obligatorio como el voluntario. Protección social con dinamismo y presión competitiva es lo que necesita el sistema. No se trata de elegir entre blanco o negro, sino de diseñar reglas que combinen protección con libertades.