Debo admitir que con la salida de Jorge Salas Arenas de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la llegada al cargo de Roberto Burneo –un joven vocal de la Corte Suprema–, tenía la esperanza de que las cosas iban a cambiar para bien en esa entidad que en los últimos años se dedicó a sembrar dudas entre los electores y a cometer atrocidades como admitir la inscripción del partido del asesino Antauro Humala, la cual tuvo que ser revocada luego en el Poder Judicial por iniciativa del Ministerio Público.
Sin embargo, tras el papelón protagonizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la primera vuelta de los últimos comicios, el trabajo del máximo ente electoral comenzó a mostrar sus debilidades, como fue el no fiscalizar de manera adecuada la deficiente labor de la entidad que en ese momento estaba en manos del inepto Piero Corvetto, y su facilidad para pasar por alto las irregularidades en la instalación de mesas de votación, que llevó a una cuestionada ampliación al día siguiente del plazo para el sufragio.
Luego vimos cómo este JNE permitió que Rafael López Aliaga, elegido senador, rechace ejercer el cargo para el cual pidió el voto de los ciudadanos, cuando la Carta Magna lo prohíbe, tal como lo ha explicado el constitucionalista Natale Amprimo, quien ha señalado en reiteradas columnas en El Comercio y entrevistas, que no hace falta tomar juramento para ser considerado un parlamentario, pues con su sola elección en las urnas ya exista un “mandato congresal” que es irrenunciable.
Pero lo peor vino después. Sucedió cuando el titular del JNE casi dio su bendición pública a la sacada de vuelta cometida por López Aliaga y otros alcaldes de diferentes puntos del país, al lanzarse a una reelección encubierta –postulando ellos a primer regidor por detrás de un aspirante a burgomaestre que luego presenta “oportuna” renuncia–, al amparo de una tinterillada y un vacío legal, cuando la Constitución, que es la llamada “ley de leyes”, la prohíbe con todas sus letras.
Con esto último, el JNE ha dado la razón a los que se creen “Pepe el vivo”, y de paso ha abierto la posibilidad de que la criollada se imponga a la legalidad frente a un colegiado que bien puede interpretar las normas cuando haga falta, pero que por alguna razón ha claudicado a esa función. Es verdad que es el ciudadano quien determina si tal o cual autoridad es reelecta, pero para postular hay que pasar los filtros que ponen la Constitución y las leyes, que deben ser respetadas. Acá nadie tiene corona, señores.
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