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El último lunes, Luis Jaime Castillo juramentó como nuevo ministro de Cultura. Castillo reemplazará a Ulla Holmquist, directora de una gestión algo silenciosa para un sector que tiene bajo su responsabilidad patrimonio cultural en grave riesgo de desaparición.

El Ministerio de Cultura fue creado en el 2010, durante el segundo gobierno de Alan García. Según su web, uno de los principales objetivos de la cartera es “realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural”.

Sin embargo, mientras en la bajada San Martín de Miraflores se erige un espectacular Lugar de la Memoria, en Ica, las líneas de Nasca se van dañando irremediablemente: ingresos prohibidos, invasiones, minería ilegal y basura se expanden año tras año en la zona protegida. Fue recién en el 2015, luego de la intervención ilegal de la ONG ambientalista Greenpeace en las líneas, que el Ministerio de Cultura designó a un equipo en Nasca. Sí: hasta antes de ello, no existía Ministerio de Cultura en uno de los dos centros arqueológicos más importantes del país.

Es cierto que el Ministerio de Cultura tiene las manos atadas: el monto asignado a esta cartera no constituye ni el 1% del presupuesto nacional. Y, por si fuera poco, más del 40% del presupuesto de Cultura es destinado a Lima. Cabe preguntarse, de todos modos, dónde se invierte; ya que basta con darse una vuelta por Chorrillos o Lima Norte para encontrar milenarias huacas convertidas en basurales y fumaderos.

En el 2015, el Gobierno emitió el decreto supremo 1198, que permitía el ingreso de inversión privada para la preservación de patrimonio cultural. Una ayuda a estas alturas urgente, tomando en cuenta lo paupérrimo del presupuesto -y de la gestión- del Ministerio de Cultura. Un mes después, la norma fue derogada por supuestamente suponer una privatización del patrimonio, a pesar de establecer claramente que la propiedad la mantenía el Estado y pese a existir, además, extraordinarios ejemplos de gestión privada del patrimonio cultural, como la Huaca Pucllana en Miraflores.

Según la arqueóloga Ruth Shady, en tres décadas el Perú ha perdido el 60% de sus bienes culturales patrimoniales, más de lo que se perdió durante los tres siglos de existencia del Virreinato del Perú. Lamentablemente, el Estado no ha servido para frenar esta trágica tendencia y, cual perro del hortelano, no preserva ni deja -a los privados- preservar.

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