La importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de Arsenio Oré desnuda uno de los grandes problemas que ha padecido nuestro país los últimos años: la politización de la justicia. En efecto, la politización de la justicia es uno de los peores vicios que puede padecer un sistema democrático, porque el deber de objetividad e imparcialidad que se espera del aparato jurídico del Estado, si se ve comprometido, afecta el funcionamiento de todo el sistema y lo conduce al hundimiento. Cuando la justicia se politiza estamos a un paso de la tiranía. Así ha sido a lo largo de la historia y este axioma no es distinto en el Perú.

La larga oscuridad facciosa provocada por un grupo de perseguidores que buscaron la destrucción de toda la oposición provocó una ofensiva política avalada por la captura parcial de sectores estratégicos de la justicia. Sometidos ciertos ámbitos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del propio Constitucional, la venganza política se impuso al Derecho. Esto, que en el mundo se conoce como lawfare, casi destruye al país. No hay nada que una más, no hay nada que cohesione más a gente que piensa distinto que la lucha contra la tiranía. Ya seas de derechas o de izquierdas, de centro, de arriba o de abajo, todos se unen para evitar que el totalitarismo termine liquidándolo todo. Y en el Perú era evidente que un sector tan minoritario como totalitario intentaba vendernos el gato por liebre de la independencia cuando en verdad estaban realizando una ofensiva política en toda regla. La paz política, la paz que es la condición básica de todo buen gobierno, tiene como condición esencial el restablecimiento del Estado de Derecho. Por eso es una buena noticia que se evidencie, por fin, el abuso del que fue víctima Arsenio Oré, y con él, toda la abogacía y la democracia peruana.