¿Perseguidos?

Al ser consultado sobre el tema el jueves último, el presidente Martín Vizcarra no dijo si dará o no el salvoconducto que requeriría el exmandatario Alan García para abandonar el Perú, si es que el gobierno de Uruguay le concede el asilo que viene solicitando desde la noche del sábado último, horas después de que el Poder Judicial dispusiera en su contra 18 meses de impedimento de salida del país por el caso “Lava Jato”.

Hay que tener en cuenta que si Vizcarra otorga el salvoconducto para facilitar que García se traslade al aeropuerto y abandone el país, pese a que sobre él pesa una orden de impedimento de salida dictada por un juez, tácitamente estaría admitiendo que acá no existen las garantías para procesos judiciales justos, con lo cual estaría poniendo en tela de juicio la independencia de poderes y hasta a la democracia misma.

Dar el salvoconducto a García implicaría que otros procesados por el caso “Lava Jato” como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y hasta Susana Villarán queden en una posición muy cómoda, como para alegar también que son objeto de persecución política. De ahí al pedido de asilo habría apenas un paso. Tengamos en cuenta que todos ellos son procesados dentro del mandato de Vizcarra, y con los mismos fiscales y jueces que ven el caso del líder aprista.

De otro lado, bien haría la Policía Nacional y la Fiscalía en aplicarle la ley a los sujetos ya identificados como los agresores del exministro aprista Luis Alva Castro en las afueras de la sede diplomática uruguaya. Alexander Peña Bottcher y Ossian Ráez Retamozo deberían estar ya tras las rejas, para que se deje muy en claro que no es el Gobierno el que manda turbas a las calles a agredir a los partidarios del expresidente García. Eso es lo que algunos quieren hacer creer.

Volviendo al tema del asilo, el presidente Vizcarra tiene que actuar con suma firmeza, pues dar el salvoconducto al líder aprista implicaría darse un disparo a los pies y, de paso, traerse abajo la lucha contra la corrupción que todos los peruanos exigimos, caiga quien caiga, desde que se supo de las millonarias coimas pagadas por Odebrecht. El daño sería muy grande, más aún cuando sabemos que acá vivimos en democracia.