En las últimas semanas, un tema que resonó y captó la atención del premier Alberto Otarola fue el “rescate” financiero a Petroperú, empresa que, según especialistas, proyecta pérdidas por US$ 750 millones para este año, sin embargo, tras el abordaje inicial, la discusión ha perdido fuerza y hoy apenas se menciona.

Petroperú tiene acreencias por US$ 3,500 millones y una deuda total que supera los US$ 8,000 millones. Pese a ello, la petrolera busca una inyección de fondos públicos por US$ 2,550 millones. Este requerimiento supera el presupuesto en Seguridad y Defensa Nacional, ( menos de S/ 6,000 millones) y resulta aún más incomprensible si consideramos que se necesitan S/ 4,900 millones para mejorar la infraestructura del sector Salud a nivel nacional.

A todo esto, en Petroperú los salarios de sus directivos y ejecutivos alcanzan cifras exorbitantes, que en algunos casos, superan los S/56 mil mensuales. Esta situación se ve agravada por una planilla dorada y beneficios que solo disfrutan los empleados de la empresa. En un contexto en el que el país enfrenta necesidades urgentes, destinar una cantidad considerable de dinero al rescate financiero de una entidad con historial de pérdidas resulta inconcebible.

Es crucial dirigir la atención hacia otras empresas estatales que, en el 2022, presentaron un déficit de S/ 2,565 millones, según el BCRP. Si bien es cierto que las empresas públicas son importantes, el despilfarro de recursos que solo generan pérdidas debe ser cuestionado.

Parte de la solución pasa por desvincular la designación de directores y altos ejecutivos del poder político. Urge una gestión eficiente y transparente, donde la idoneidad y la capacidad técnica sean los criterios fundamentales para ocupar cargos clave.