El Perú produce 40,000 barriles de petróleo de los más de 250 mil que requiere diariamente, y está obligado a importar crudo para satisfacer la demanda nacional. Petroperú, empresa estatal de derecho privado creada en 1969 durante la dictadura del general Velasco Alvarado, inició las operaciones de su cuestionada refinería de Talara en abril pasado. En dicha oportunidad, el presidente de la petrolera declaró que ésta se financiaba con los ingresos de la propia empresa y que no se recurría a dinero del Tesoro Público. Tuvimos que esperar solo un mes para que el gobierno “prestara” US$750 millones de dólares del dinero de todos los peruanos, amparados en el decreto de urgencia No. 010-2022, para financiar, rescatar y evitar, dicen, el desabastecimiento de combustible. Cinco meses después, el gobierno repite el plato y aprueba otorgarle esta vez, US$1,000 millones de dólares como “aporte de capital”.
Si bien la Constitución habilita al presidente de la Republica a dictar medidas extraordinarias a través de decretos de urgencia en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional (con cargo a dar cuenta al Congreso), no es menos cierto que tiene la obligación de rendir cuenta de sus actos a la población. Por ello, resulta incomprensible que se disponga de altísimas sumas de dinero del tesoro público, sin que se conozca a que “santo desvisten” para arropar un proyecto infructuoso y absurdamente inútil para el desarrollo nacional. Como decía Seneca, lo que las leyes no prohíben, podría prohibirlo la honestidad. Para que pongamos en contexto la abultada cifra otorgada alegremente a la empresa estatal, US$1,750 millones de dólares servirían para construir y equipar 35 hospitales similares al Albert Barton (Callao) de Essalud y atender a cerca de 9 millones de peruanos, o para construir 2,000 escuelas decentes para nuestros niños, sobre todo en zonas marginales.
Lo cierto de toda esta macabra historia es que, el despilfarro de dinero del Tesoro Público para darle sostenibilidad a una empresa que no deja utilidades y no es capaz de autofinanciarse, pone en grave riesgo otras inversiones y cierres de brecha a favor de la población más vulnerable del Perú.