Una de las seis provincias de Chanchamayo, en Junín, ha vivido violencia, dejando un muerto y varios heridos de bala, renegando de toda inversión privada, representada esta vez por la petrolera argentina Pluspetrol.

Para extraer petróleo, actividad de altísimo riesgo económico, hay etapas: sísmica, trabajo de gabinete fuera de campo, perforación exploratoria y, si es exitosa, explotación.

Pluspetrol estaba terminando la sísmica para empezar el trabajo de gabinete; por ende, no ha habido actividad contaminante en la zona, sino más bien pruebas previas para indicar el grado de prospectividad de la zona.

Ante las protestas, el Gobierno, representado por Mayorga y Figallo, nos sorprendió anunciando que Pluspetrol se iría en tres días, a pesar de los más de cien talleres con participación ciudadana llevados a cabo en la zona.

Lo que quedó en el imaginario popular fue que el Gobierno ha expulsado a Pluspetrol, lo cual solo sería posible si Pluspetrol estuviese violando el contrato ley con Perupetro, cosa que no se define en una mañana y sin escuchar a la empresa.

Así, la protesta del empresariado por la ausencia de seguridad jurídica, y de los líderes políticos por la falta de seriedad para enfrentar estas cosas, no se hizo esperar.

Un gobierno que respeta la ley debe explicar lo ocurrido: la responsabilidad del muerto y los heridos y la evaluación del conflicto basado en la ley y los contratos.

Pero luego de haber estudiado el caso y no acorralado en una plaza pública donde se puede meter la pata, lo que parecería sucedió ahora.