Opinión

Pisando tierra

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

12 de Febrero del 2018 - 07:30 IVÁN SLOCOVICH PARDO

En 1996, como reportero de esta Casa Editora, fui enviado a Ica a cubrir la captura de Nicolás Gutiérrez Mendoza, conocido como “El monstruo de Parcona”, un sujeto que durante un año se había dedicado a violar y matar a niñas menores de nueve años, cuyos cuerpos solía esconder en descampados. Todos, con justa indignación, pedían la pena de muerte para este criminal, quien finalmente recibió cadena perpetua, por lo que debe seguir encerrado en algún penal.

Hoy, con el asesinato de la niña Jimena en San Juan de Lurigancho, el pedido es el mismo: pena de muerte para César Alva Mendoza. Sin embargo, eso que la gente reclama, que es la eliminación de estos miserables a manos del Estado, difícilmente podrá lograrse en un país como el Perú que tiene una Constitución que la prohíbe y que además ha suscrito acuerdos internacionales que abolieron la pena capital, salvo para casos de traición a la patria en guerra externa.

Es por eso que los políticos, esos que muchas veces buscan ganar réditos con situaciones tan dolorosas como las protagonizadas por la niña Jimena, deben ser realistas en sus mensajes. Es verdad que indignan estos crímenes. Indigna tener que ver con vida a violadores y asesinos como el de Parcona o el de San Juan de Lurigancho, pero no se puede estar vendiendo a la gente “propuestas” que son casi imposibles de convertirse en realidad.

Lo que queda es vigilar que el sistema funcione, y que esta gente sea sancionada de acuerdo a ley. Ayer Alva Mendoza ha sido trasladado al penal de Piedras Gordas con nueve meses de prisión preventiva. Es casi seguro que recibe cadena perpetua; sin embargo, más allá de eso, también queda generar formas, desde todos los ámbitos, para proteger a los niños de estos sujetos, que al momento de actuar no están pensando en el código penal.

El Perú está de luto y viene afrontando el impacto del crimen de Jimena como para tener que escuchar a gente que sale a pedir, como hace 20 o 30 años, una pena de muerte que hasta ahora no ha asomado, a nivel legal, por ningún lado. Que no se engañe a la gente en las calles, que no se aprovechen de su comprensible indignación, pues el paredón o la inyección letal para violadores y asesinos en el Perú es casi un imposible.

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