La contaminación del lago Titicaca es una realidad y una preocupación, particularmente desde inicios de la década de 1970, como resultado del crecimiento poblacional de las ciudades que echan sus aguas servidas sin el tratamiento adecuado y del vertimiento de sustancias altamente contaminantes de las actividades mineras, legales e ilegales, en los afluentes y en el lago.

Estas conductas contaminantes se vienen realizando tanto en Bolivia como en el Perú, los dos países que compartimos el Titicaca.

Desde hace más de 47 años se analizan y discuten diferentes alternativas de solución, sin que hasta la fecha se tomen decisiones para solucionar este grave problema.

En el 2010, el Ministerio de Vivienda y Construcción obligó, en la práctica, a 10 municipalidades provinciales de la región Puno a dejar de preparar sus expedientes para construir plantas de tratamiento de aguas residuales, a fin de que se lleve adelante una iniciativa de asociación público-privada.

Producto de ello, no solo el costo estimado pasó de 150 millones a más de 1200 millones de soles, sino que se pretende que las municipalidades firmen contratos y compromisos sin que tengan conocimiento del conjunto del proyecto, bajo el pretexto de confidencialidad.

Dado que los costos de construcción y operación durante 30 años los asumirá el gobierno central, corremos el riesgo de encontrarnos en la disyuntiva de que no construyan o que se construya a altísimos costos, lesivos al interés nacional.

Por lo tanto, exigimos al Ministerio de Vivienda y Construcción, así como a ProInversión, más transparencia y compromiso con el país.