Es curioso: días atrás recordábamos en esta columna los casos de congresistas liberteños denunciados, a propósito de la reciente denuncia contra Magaly Ruiz. Hablábamos, pues, de los casos concretos de los exparlamentarios Michael Urtecho y Tula Benites. El primero está enjuiciado y la fiscalía pide para él 22 años de prisión; la segunda, fue absuelta por el Poder Judicial pese a ser suspendida y posteriormente desaforada del Congreso.

Y, como también recordábamos, debido a esta absolución de la justicia, Tula Benites se sintió envalentonada para reclamarle al Congreso una indemnización y pago por los meses en que fue suspendida del cargo. El aprista Mauricio Mulder, pese a ser del mismo partido de procedencia de Benites, declaró entonces que pagarle a la desaforada parlamentaria sentaría un pésimo precedente. La razón es sencilla: el Congreso ejecuta un juicio político basado en las evidencias que se tiene en ese momento, y por tanto sus decisiones son independientes del proceso judicial, que tarda más y llega después, por lo mismo que es más complejo.

A Benites se la suspendió porque las informaciones que se tenía hasta ese momento daban cuenta de que su despacho contrató a un trabajador ‘fantasma’, es decir, alguien que nunca trabajó pero sí cobró. Y ese trabajador –Juan Carlos Cuadros- confesó que se prestó para esa jugarreta. En Trujillo, ciudad de la entonces parlamentaria, alguien cobraba mes a mes ese sueldo. El PJ, sin embargo, determinó que no había elementos suficientes para responsabilizar a Benites.

Desde el año 2015, pasaron muchas mesas directivas en el Congreso, y todas se negaron a darle trámite a la demanda de Tula Benites. Hasta hoy. Este Congreso, presidido, por José Williams, se apresta a pagarle más de 700 mil soles.