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Resulta preocupante que existan posiciones antagónicas respecto de lo declarado por Marcelo Odebrecht en Curitiba, acerca de los aportes de su empresa en la campaña presidencial del 2011 de Keiko Fujimori. Por un lado, no parece muy acertado que la lideresa de Fuerza Popular realice un video desmintiendo las afirmaciones de El Comercio y mencionando que iniciará acciones legales contra dicho medio, si no estuviera segura de que no existieron estos aportes; pues, si se desmiente esto, complicaría sus posibilidades para el 2021. Por otro lado, tampoco parece probable que El Comercio publique una información de tal trascendencia sin el sustento de una fuente confiable -menos aun por la presión de un accionista minoritario del grupo-, comprometiendo su activo más valioso: su credibilidad. Dos poderes enfrentados por esta diligencia judicial.Desde el inicio del año, se veía que el caso “Lava Jato” tendría repercusiones muy importantes en la política nacional, especialmente en el caso de Fuerza Popular; pues su mayoría en el Congreso le permite generar distorsiones importantes, como la acusación constitucional al fiscal de la Nación y otras iniciativas legislativas con poco foco en el desarrollo del país.El Poder Judicial debe ser consciente de que su actuación en el caso “Lava Jato” es fundamental para que los daños colaterales a la gobernabilidad del país sean los mínimos. Para ello, se enfrenta a un gran problema: el no tener las capacidades y los recursos para manejar la complejidad y la magnitud de este caso; pero incluso más grave es que el PJ parece no ser consciente de las implicancias de su actuación. Necesitamos un proceso mucho más rápido y asertivo. Necesitamos los recursos, el talento y las reformas necesarias para un buen manejo; de lo contrario, el desgaste generado por el enfrentamiento entre las fuerzas más grandes del país -partidos políticos, Ejecutivo, Legislativo, el mismo Poder Judicial y la prensa- tendrá consecuencias muy negativas en la economía y en el crecimiento de los siguientes años, además de profundizar el deterioro de la institucionalidad en el Perú. El Poder Judicial en su conjunto tiene hoy más que nunca una responsabilidad histórica y el país necesita que esté a la altura de ella.