En los últimos días se han incrementado las protestas de los padres de familia frente a diversas instituciones educativas particulares en todo el país. Ellos exigen la rebaja de las pensiones. Estos hechos son otras de las consecuencias de la crisis por la pandemia del coronavirus y por lo menos deben discutirse. Queda la sensación que algo no está funcionando en lo que se refiere a las prestaciones de servicios educativos.

Ante ello, el presidente Martín Vizcarra dijo ayer que “los centros de estudios privados tendrán que justificar sus pensiones” y que “el precio de las pensiones por clases virtuales no pueden ser iguales a las clases presenciales”. Por ello, aprobó un Decreto de Urgencia para que los colegios justifiquen sus gastos actuales y los comparen con los que tenían antes de la cuarentena.

En rigor, los promotores y directores de estas instituciones deben meditar si se están adaptando adecuadamente a estos tiempos. Sería poco serio, de cualquiera de las partes, aventurar cifras y porcentajes que se deben rebajar y sacar conclusiones apresuradas. El tema no es tan simple. Se necesita transparencia y un análisis altamente profesional para concluir en resultados que beneficien principalmente a los escolares. En estos tiempos, la indolencia y la falta de solidaridad no deberían tener espacio.

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