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La Ley 1215, llamada Ley de Modalidades Formativas Laborales ha desatado una nueva polémica en la clase política. Sin embargo, las manifestaciones de rechazo no solo han sido de los sectores políticos sino también de la sociedad. Quizás por ello, los congresistas que aprobaron e impulsaron este proyecto de ley hayan dado un paso atrás y admitan ahora que se necesita un debate más amplio para concretar esta norma legislativa.

Que los estudiantes de institutos tecnológicos sean contratados por tres años (4 horas diarias, con un total de 448 horas), solo para ganar experiencia y sin ninguna retribución económica, ha generado que el Congreso esté nuevamente en el ojo de la tormenta, con cuestionamientos directos como que están más enfocados en intereses ajenos a los de la población.

El fondo de la norma es novedoso, pero en la práctica es ambigua ya que no se define el límite entre lo formativo y lo laboral. Ante ello, el ministro de Trabajo, Javier Barreda, ha sido contundente y se ha manifestado en contra. “Toda prestación laboral debe ser remunerada”, dijo y agregó que es un proyecto discriminatorio.

Lo cierto es que este proyecto de ley hubiera tenido mejores aportes con un debate profundo y a la altura de la exigencia de los jóvenes del país, con ello se habría evitado la controversia actual. Lo importante es entender a las nuevas generaciones, ávidas de empleo y que el Estado les dé oportunidades laborales. Es el momento de privilegiar las necesidades de ese gran grueso de la población que espera desarrollo y un futuro mejor.