La forma de gobierno en la Constitución de 1993, al hibridar un presidencialismo con herramientas parlamentarias (cuestión de confianza, censura, vacancia, disolución, etc.), desdibuja la separación más tajante de poderes típica del presidencialismo. Cuando el gobierno alcanza una mayoría congresal, propia o consensuada, es un modelo que, con sus más y menos, operó hasta el 28 de julio de 2016; a partir de esa fecha, las relaciones Ejecutivo-Legislativo mantienen una constante lucha por aniquilarse mutuamente. La política doméstica ha devenido en una guerra de supervivencia que, en vez de enfocarse en la gestión pública o el continuo debate legislativo, emplea mecanismos para resolver crisis extremas como armas de uso ordinario. La causa es la fragmentación del Congreso en ocho grupos parlamentarios.

En un Congreso atomizado, la censura, la disolución, hasta la vacancia presidencial, aparecen en el escenario para producir una parálisis estatal bajo una caricatura de legalidad. Un fenómeno que erosiona la estabilidad cuando el gobierno carece de mayoría parlamentaria. La confrontación permanente ha deslegitimado las instituciones, que impide implementar unas políticas públicas de largo aliento. Por eso, la propuesta para convocar una nueva asamblea constituyente no resolverá el problema de fondo: la falta de una sólida cultura democrática en nuestra historia republicana. Las actuales tensiones ejecutivo-legislativo instrumentalizan las instituciones de control político, exigencia de responsabilidad, acusación constitucional y la vacancia por incapacidad moral permanente en “herramientas de combate” que produjo una recurrente sucesión de crisis presidenciales que desgastan la idea de democracia.