La política como acto humano busca transformar la calidad de vida de los habitantes del país que la formula. Hablamos de política económica, política social y política educativa, tributaria, de salud y otras, sea por sectores o territorios.

La capacidad de desarrollar medidas y propuestas políticas requiere el funcionamiento institucional que, hoy, no se encuentra en el país con la crisis de régimen político que vivimos varios años.

La división de poderes dejada de lado, la concentración abusiva del poder político y económico en torno a un pacto mafioso que otorga y recibe prebendas, el control ejercido sobre organismos supuestamente autónomos como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, órganos electorales, Ministerio Público y el propio Poder Judicial, nos recuerdan al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori que se pretendería imitar.

Las elecciones generales carecen de legalidad y legitimidad con normas cambiándose antes y durante el propio proceso electoral. Sin embargo, Keiko Fujimori ha sido proclamada presidenta electa, en medio de una fractura política al ganar solo en nueve de 25 regiones del país.

El fujimorismo ofrece orden en base a fuerza y represión. El diálogo está ausente de su práctica política y carece de legitimidad para visitar todas las regiones, ausentándose de varias, sobre todo en el sur, tras proteger a los responsables de los 49 asesinados de diciembre 2022 y marzo 2023.

Un gobierno sin democracia plena, diálogo, transparencia ni justicia es vacío, un cascarón que se puede romper. Corresponde organizar la defensa ciudadana para evitar se violenten nuestros derechos.

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