En las últimas décadas, la judicatura y el ministerio público en la región han ganado protagonismo en la esfera política. Es crucial distinguir entre la judicialización de la política y la politización de la justicia, dos fenómenos opuestos para una democracia en formación. La judicialización de la política se manifiesta cuando los jueces intervienen en la resolución de conflictos o en actos que competen a otros poderes del Estado. Por ejemplo, los tribunales constitucionales resuelven demandas de inconstitucionalidad o disputas entre órganos estatales. Este fenómeno puede fortalecer el Estado de Derecho al garantizar la constitucionalidad de las normas y la separación de poderes. En la región, los tribunales y cortes han intensificado este papel con sus decisiones.

La politización de la justicia, en cambio, consiste en la manipulación del sistema judicial y el ministerio público por órganos de presión y con fines partidarios. Se pone en evidencia cuando jueces y fiscales actúan bajo presiones políticas, cuando las decisiones judiciales reflejan esos intereses o cuando se utiliza la justicia como herramienta de persecución a los adversarios mediante prisiones preventivas. En resumen, si bien la judicialización de la política puede fortalecer progresivamente la democracia en países institucionalizados, la politización de la justicia representa una amenaza en democracias de baja intensidad. Cuando se instala en una comunidad política, la solución demanda las reformas institucionales, mecanismos de transparencia, sumandos a la esperanza ciudadana para el vivo esfuerzo de sus jueces y fiscales contra los intereses políticos, internos o externos, que menoscaben su independencia e inamovilidad.