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Gracias a un impulso multipartidario, en el último pleno del Congreso logramos acabar (parcialmente) con la prescripción del delito de violación de menores. Se consensuaron 21 iniciativas legislativas con fórmulas distintas -entre ellas, una que presenté el 2017- que acabarán con la impunidad en estos casos.

Sin embargo, gracias a la castración química no tenemos una Autógrafa de Ley. Su inclusión en el debate parlamentario entrampó la aprobación y terminó con el consenso existente. Por tal motivo, varios decidimos votar a favor del paquete legislativo y en contra de la castración química. A pesar de ello, fue aprobada en primera votación. Aquí detallo las razones de mi voto:

La castración química es una medida reversible que no evitaría la reincidencia, pues exige un proceso continuo para que pueda mantenerse. Es una medida costosa que vulneraría compromisos internacionales vinculantes para el Perú. Es una medida que se impondría a quienes ya no podrán salir de prisión, y que obvió analizar en su aprobación el impedimento constitucional que existe para legislar sobre los gastos. Es una medida que no brinda ninguna solución real, pues existen otras formas de abuso sexual. Es una medida que no consideró la opinión técnica contraria de la Defensoría del Pueblo y los Ministerios de Salud y Justicia.

Estamos entonces ante una medida populista y antitécnica, que indirectamente ha perjudicado la urgente necesidad de justicia de las víctimas de abuso sexual. Por ello, espero que el pleno reevalúe su posición y, además, se pueda apostar por cambiar el enfoque hacia políticas públicas de prevención y protocolos claros que favorezcan la denuncia rápida de estos terribles casos.