Por la autonomía de poderes

La defensa de los fiscales Vela y Pérez del caso “Lava Jato”, legítima y justa, podría estar alentando extremos indeseables. Todos queremos desterrar la corrupción que ha debilitado nuestra economía, pero hay límites. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, para solucionar externamente la profunda crisis del Ministerio Público es anticonstitucional y significa un grave precedente de interferencia. Es cierto que el Estado debe salvar su autoridad frente a situaciones, que ponen en peligro los objetivos nacionales y sociales y, para ello, tiene todos los recursos. Pero también lo es que las instituciones cumplen un rol en democracia y deben ser prioritariamente fortalecidas, nunca disminuidas.

Las malas decisiones del fiscal no constituyen delito, aunque la gente las rechace con justa indignación en las calles, que han hecho de él un monstruo desmesurado. Sí constituyen error garrafal en mal momento, el que ha determinado que al alto funcionario, ya sin juego, solo le quede renunciar para dejar que los mecanismos internos de su alta institución actúen en defensa de su rol y de su autonomía.

Si el Perú logró una correcta transición presidencial, gracias a una lúcida interpretación constitucional y se procesó con madurez política y cívica la renuncia de PPK para dar paso al gobierno de Martín Vizcarra, por qué no podemos esperar que en un nivel menos encumbrado, como es la Fiscalía de la Nación, se activen los mecanismos internos más apropiados para evitar que las soluciones vengan desde fuera y lesionen la autoestima institucional y el equilibrio de poderes.

Si existe confianza en el desempeño de Rafael Vela y Domingo Pérez respecto del caso “Lava Jato”, por qué no tenerla en la institución que les permitió hasta ahora solvencia e independencia. Que los temores, manipulaciones o intereses ocultos no se lleven de encuentro una institución fundamental para la anticorrupción.