Opinión

¿POR QUÉ PUIGDEMONT SUSPENDIÓ LA INDEPENDENCIA CATALANA?

Columna: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

11 de Octubre del 2017 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Continúa la penosa crisis en Cataluña -región del norte de la península ibérica-, cuyas autoridades fueron hasta el final declarando ayer la independencia catalana de España. En efecto, el presidente de la Generalitat o gobierno de esa región, Carles Puigdemont, compareció ayer ante el Parlamento para declarar la independencia unilateral. Lo extraño ha sido que en el instante del forzado acto político de facto -es decir, de hecho- pidió suspender dicha declaración hasta lograr una negociación con las autoridades españolas. A otro con ese cuento. Lo hizo porque solamente pasar por encima de la Constitución Española -aprobada por las Cortes Generales en 1978- y hacer caso omiso a las reiteradas declaraciones del Tribunal Constitucional de España, que resolvió con anterioridad nula de toda nulidad cualquier movida política en que insistiera, colocaba a Puigdemont como una autoridad secesionista, con lo cual la activación del artículo 155° de la Carta Magna española ha quedado expedita para suspender al autogobierno y, por tanto, la independencia de Cataluña. En otras palabras, la suspensión anunciada por Puigdemont -ahora astutamente interesado en el diálogo que nunca quiso- estaba demás porque ipso iure -es decir, automáticamente de derecho-, con el solo osado acto de declarar la independencia, ya se había producido constitucionalmente dicha suspensión. De manera que no existe ningún altruismo en este irresponsable político catalán que todo lo ha calculado menos la posibilidad de que pueda ser detenido y encarcelado, por lo que quiere mostrarse como una autoridad tolerante que no es. Lo que se viene para Cataluña necesariamente deberá ser el imperio del principio de autoridad por el gobierno español, pues el referido artículo 155° constituye una norma jurídica de garantía estatal para el mantenimiento del estado de derecho que faculta in extenso desconocer todo lo novelescamente realizado hasta ahora. El principio de autoridad, entonces, puede incluso suponer el uso de la fuerza y si acaso se hace para que toda España no sea herida mortalmente, pues democráticamente estará justificado.

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