En 2001, el informe sobre la propuesta de reestructuración de la Caja del Pescador señalaba que el Fondo de Pensiones tenía un problema estructural de diseño. Decía que se trataba de un sistema de reparto inviable, que “lejos de ser arreglado con aportes extraordinarios de recursos o la elevación de las cotizaciones, su solución requiere una transformación completa de la estructura del régimen pensionario”.
En 2002 se declaró a la Caja en emergencia y se dispuso su reestructuración. Luego de 16 meses en que no pagaba pensiones, en 2010, la SBS declaró su disolución e inició su proceso de liquidación integral.
Según lo informado por la SBS a la Comisión de Producción del Congreso, a 2018, los montos pendientes de cobrar estaban en procesos judiciales, en que había US$0.8 millones de aportes anteriores a 2014 y US$2.5 millones contra el MEF.
Así no fue que los armadores no cumplieron con determinados pagos, sino que el fondo tenía un problema estructural de diseño, por ser un sistema de reparto que no podía financiarse en el tiempo, debido a que pagaba pensiones que no guardaban relación con los aportes.
En 2001, el informe citado líneas arriba señalaba que “la única salida viable para asegurar las pensiones (...) es que el Estado asuma parcialmente el faltante en los costos de traslado, ascendente a US$87 millones”. Sin embargo, como se sabe, son aportes de las empresas los que vienen solventando el régimen existente.
Aplicar un diseño similar al régimen existente -como se ha propuesto en diversos proyectos de ley- traerá las mismas consecuencias que le trajeron a la Caja: la insolvencia del régimen y el desamparo de los jubilados. No repitamos los errores.