A los partidos políticos se les exige que no propongan a personas procesadas por casos de corrupción, mientras que una reforma electoral digna contemplaría de la misma manera que un candidato con un proceso abierto por el mismo delito sea desembarcado. Si esto es para las personas, entonces por qué el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene otra óptica con respecto a las empresas denunciadas por lo mismo.

Por eso no entiendo por qué el primer ministro Fernando Zavala señala que las empresas que hayan participado en consorcios con Odebrecht, entidad coimera, pueden participar en la reconstrucción con cambios mientras no tengan sentencias por corrupción.

Es decir, grandes empresas constructoras como Graña y Montero, que acaba de ser denunciada en el Ministerio Público por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, a manos de la Procuraduría Ad Hoc del caso Odebrecht, tienen carta libre para concursar y ganar licitaciones. ¿No es una contradicción?

El derecho asiste con la presunción de inocencia para quienes no tienen una sentencia consentida, y podemos meter en el saco a las personas jurídicas. No obstante, dejar que empresas denunciadas trabajen en la reconstrucción puede originar un caos, si es que la justicia determina responsabilidad penal contra las imputadas.

Por ejemplo, una empresa constructora, que está procesada por malos manejos de sus representantes, gana unas obras de la reconstrucción en varias regiones del norte del país y luego recibe un fallo judicial adverso. ¿Acaso no se pone en riesgo la continuación de las mismas?

El gobierno de PPK ha asegurado que las obras de la reconstrucción con cambios serán transparentes y estarán alejadas de la corrupción; entonces, señores técnicos de lujo, no se comporten como los políticos que aborrecemos, cumplan su palabra y no pongan en riesgo el sueño de millones en el norte del país.