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Al prohibirse la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, sería bueno hacerles las tres siguientes preguntas a quienes aspiran a esos puestos en las próximas elecciones de octubre: ¿qué puede hacer en cuatro años de gobierno?, ¿cuenta con un equipo técnico que lo respalde?, ¿tiene un pasado legal limpio que no entorpezca su gestión?

Son cuestiones claves, al considerar que estas inquietudes suelen ser recién atendidas por los políticos -en el mejor de los casos- una vez en el nuevo puesto. Por ello, es preferible que la ciudadanía les pida a los postulantes sus planes de gobierno a cortísimo plazo. No hay de otra. Caso contrario, perderemos tiempo y dinero en administraciones que no dejan buena huella.

Volveríamos a caer en un error si elegimos a autoridades que nunca han tenido un exitoso cargo público. Tenemos varios ejemplos de gestiones que han significado las prácticas preprofesionales de aspirantes a servidores del Estado. Luego, suelen excusarse diciendo que el periodo (4 años) no es suficiente para ejecutar buenos proyectos.

También hemos visto que alcaldes y gobernadores regionales no cuentan con un equipo que los asesore en los temas que no dominan. Así, una vez que “chapan” un puesto, empieza el carrusel del personal de confianza que entra y sale como si se tratase de un juego de circo. Estos frecuentes cambios retrasan cualquier administración en perjuicio de la ciudadanía.

Lo más grave es la presencia de postulantes con procesos judiciales en curso. Tan perjudicial como no tener un plan de trabajo o un equipo de expertos es no darle seguridad a la población de que dicha autoridad acabará su periodo de gobierno. ¿Qué garantiza que un gobernante no sea coaccionado a favor de intereses particulares con tal de salir limpio de un juicio?

Son tres preguntas que cada postulante a cargo público debe responder a conciencia. Y puede desde ya comenzar a despejar las dudas armando un corto plan de gobierno, convocar a especialistas en gestión pública y zafarse de cualquier demanda judicial.