Presidenta de Argentina denunciada

El malestar en Argentina se ha generalizado a raíz de la extrañísima muerte del fiscal Alberto Nisman. Este hecho habría sido la motivación principal que llevó al fiscal Gerardo Pollicita a ir hasta el fondo del asunto de la denuncia que Nisman formuló en vida, es decir, que había un acto de colusión por parte de la presidenta Cristina Fernández, su canciller Héctor Timerman y otros allegados, con el gobierno de Irán, para impedir que sean llevados a Argentina, por el mecanismo de la extradición, los responsables del atentado de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Pollicita habría encontrado bastante racionalidad en la convicción del desaparecido Nisman, que no llegó a exponer ante el Congreso argentino -el día que lo haría fue encontrado muerto en la bañera de su casa- que la referida colusión del Ejecutivo estaría determinada por la necesidad de obtener favores comerciales para el país, que buscaba el intercambio de petróleo por granos y pudiera, además, superar la crisis económica y muy compleja que afronta Buenos Aires. Pero una imputación objetiva es otra cosa. Ahora se trata de una denuncia a un jefe de Estado en ejercicio por el delito de encubrimiento. Eso es muy grave y podría desencadenar una desestabilización política en Argentina, dado que un presidente denunciado y hasta investigado no resulta ser ninguna garantía de estabilidad de nada. La crisis del gobierno de Fernández comienza a agudizarse. Las marchas y protestas sociales se incrementan y la animadversión hacia la propia Presidenta es tan visible que la coloca en una situación muy compleja, pudiendo incluso comprometer su permanencia al frente del Gobierno, si acaso los actos indiciarios se convierten en probatorios. El Gobierno está desgastado y la crisis económica, con una deuda externa agigantada, nos hace presagiar que cualquier cosa puede pasar en el país.