No podemos exigir seguridad ciudadana ni jurídica cuando el sistema encargado de garantizarla recibe apenas migajas del presupuesto nacional. Para el 2025, al Poder Judicial se le asignan 3916 millones de soles (1.6% del presupuesto), al Ministerio Público 2921 millones (1.2%, pese a necesitar 15 mil millones), y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2559 millones (1%).

En conjunto, el sistema de justicia recibe solo el 3.8% del gasto público, mientras que el Congreso de la República, sin ser operador de justicia, recibe el 0.6%.

Las cifras revelan el colapso inminente. En el Ministerio Público, el 56.4% de fiscales son provisionales. Los casos ingresados aumentaron 19% desde 2021, pero el personal se redujo 0.5%. En el Poder Judicial, apenas el 40.98% de jueces son titulares. El resto son provisionales o supernumerarios, debilitando la independencia judicial. Se necesitan 480 nuevas sedes para cubrir la demanda mínima.

La carga procesal para 2025 supera los 6.6 millones de casos. Solo se resuelve el 60%. El resto se acumula en un sistema lento, saturado y sin recursos. Es comprensible el malestar del ciudadano.

Exigimos seguridad, pedimos justicia rápida, pero financiamos un modelo condenado al fracaso. Alguien tiene que echar una mirada a esta realidad.

Si el próximo gobierno no invierte de verdad en la justicia, todo lo demás será discurso: sin jueces, fiscales y sedes suficientes, la impunidad seguirá ganando, esto en medio de una ola de violencia en las calles y casos de corrupción que surgen casi a diario.