Esta semana empezó a regir el nuevo esquema de velocidades máximas en el Perú. En esta época de alta capacidad de procesamiento de información es absolutamente deseable que las políticas públicas se hagan aprovechando el poder de los datos. El objetivo de la norma es simple: salvar vidas. En varios estudios se ha demostrado que impactos a alta velocidad tienen mayor probabilidad de generar lesiones que pueden terminar inclusive con la muerte.
Hasta ahí los estudios, ahora démosle paso a la realidad. No tenemos un sistema de cámaras que automáticamente puedan vigilar que la norma se cumpla, dependemos que un grupo de policías se pare en una esquina con el radar de velocidad y tome foto al infractor. Esto es terrible porque la norma tiene impacto muy limitado si es que no hay una fiscalización automática 24/7.
Donde sí tenemos algo de esperanza es que existen los mapas de “puntos negros” en la ciudad, estos son los lugares de alta siniestralidad, donde una desproporcionada cantidad de accidentes ocurre. Hacerlo de esta manera va en estrecha relación con el propósito de la modificación de la norma. Es más, sería muy fácil comprometer mayor inversión en cinemómetros si, en digamos 6 meses, se observa una clara reducción de fallecidos.
Pero si la ubicación de los cinemómetros va a estar asociada a donde es más fácil encontrar choferes dispuestos a pagar sus multas, entonces estamos en problemas, porque para empezar la norma lejos de ganar apoyo popular lo perderá rápidamente y en lugar de desarrollar mayor conciencia cívica, generaremos el desprestigio sobre mecanismos que pueden ser potentes en la reducción de víctimas si es que se hacen usando inteligentemente la información disponible. Usemos los datos y la tecnología para cuidar más eficazmente a los ciudadanos.