La debilidad del Gobierno, más que confirmada por diversas razones, volvió a quedar plasmada ayer con el furibundo comunicado del directorio de Petroperú en el que, virtualmente, le da un ultimátum a este régimen dubitativo, blandengue y confuso. En buena cuenta, el directorio le increpa a Boluarte que no haya adoptado hasta ahora una decisión pragmática y necesaria solo por criterios políticos. Demás está decir que Petroperú nunca debió ser una empresa estatal y que múltiples gestiones han contribuido a que sea lo que es: Una hemorragia de dilapidaciones que se han mantenido por la presión de sectores ideológicos que han medrado de sus recursos. Habrá que decir, con justicia, que ni el régimen de PPK se animó a privatizar la empresa por el temor de sufrir un cargamontón de los ideólogos del estatismo y la mamadera sindical. Un párrafo especial merece, por supuesto, la refinería de Talara y el gestor de su remodelación, el economista Humberto Campodónico, que con los $5.5 mil millones derrochados allí tendría todos los méritos para ser el ministro de Economía de Nicolás Maduro. Si Dina Boluarte y el ministro de Economía, José Arista, fuesen valientes, antes de acabar agosto deberían, como lo propone el directorio, aceptar la quiebra de Petroperú o, en su defecto, reestructurarla con el ingreso de capitales privados que se encarguen de su administración. Esto significaría, por ende, el aniquilamiento de cargos públicos ineficientes que medran de los impuestos de todos y la agonía de un sindicato que durante todos estos años ha mantenido secuestrada la entidad y la ha sometido a sigilosas e imperceptibles extorsiones. No se trata de Sedapal, señora Boluarte; si por algún acierto quiere que la recuerden, que sea por el de haberle dado caza a ese omnívoro elefante blanco que ya no puede ni caminar.