La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender seis investigaciones fiscales a la presidenta Dina Boluarte —entre ellas las relacionadas con las muertes en protestas, la desactivación del equipo policial de apoyo al Eficoop y los casos cirugía, Rolex y “Cofre”— ha generado un terremoto político y jurídico. Según el fallo, la mandataria solo podrá responder a la justicia una vez concluido su mandato, dejando en suspenso indagaciones de alto interés público.

El pronunciamiento del TC divide aguas: mientras algunos constitucionalistas lo respaldan en nombre de la protección a la investidura presidencial, otros lo interpretan como un claro blindaje que abre la puerta a la impunidad. Las voces críticas alertan que esta jurisprudencia permitiría que cualquier mandatario manipule pruebas, intimide a testigos o borre rastros de eventuales delitos, amparado en la inmunidad temporal que ahora se amplía.

Es evidente que el TC busca resguardar la estabilidad institucional frente a investigaciones que podrían entorpecer la gestión presidencial. Sin embargo, este argumento choca con una realidad ineludible: la ciudadanía exige que quienes ejercen el poder rindan cuentas en tiempo real, no años después, cuando las evidencias puedan haberse desvanecido. La figura presidencial se fortalece no con privilegios judiciales, sino con transparencia y responsabilidad.