En 2014, el entonces gerente general del Banco Central de Reserva del Perú, Renzo Rossini, advirtió algo que hoy vuelve a cobrar vigencia: “no tenemos que ser exageradamente ambientalistas y frenar la inversión”. Su llamado apuntaba a un problema concreto: el exceso de barreras regulatorias que, bajo un objetivo legítimo, terminaban desincentivando la actividad económica. La lección es clara. Los extremos suelen ser contraproducentes. Hoy vemos una situación similar en el debate sobre el comercio ilícito. Diversos sectores vienen alertando —con razón— sobre el impacto del contrabando y la subvaluación en la industria nacional. Se trata de prácticas ilegales que distorsionan precios, erosionan la competencia y deben ser combatidas con firmeza. Sin embargo, el riesgo está en sobrerreaccionar. En atribuir la problemática a las importaciones formales o en promover medidas que, en la práctica, terminan restringiendo el comercio legítimo. No debemos caer en un proteccionismo encubierto que, bajo el pretexto de control, limite el acceso a bienes competitivos y afecte al consumidor. El reciente Decreto Legislativo 1721 iría en esa línea de preocupación. La exigencia de garantías por hasta el 200% de los tributos diferenciales, sumada a procedimientos extensos y poco claros, podría convertirse en una barrera que trascienda el objetivo de combatir la subvaluación. Más aún si se considera que el Perú ha asumido compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio que exigen proporcionalidad en este tipo de medidas. Combatir la ilegalidad es indispensable. Pero exagerar en los controles puede terminar afectando justamente aquello que se busca proteger. La historia ya nos ha enseñado ese camino.