El Congreso debate una propuesta para anular procesos judiciales en los que se hayan presentado pruebas obtenidas ilegalmente. Parece lógico pero el proyecto no debería ser solo sobre la ilegalidad. En tiempos de inteligencia artificial el poder judicial debe actualizar la calidad del análisis de las pruebas ya que hoy se pueden fabricar audios, videos e imágenes que hacen muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Si el objetivo es proteger la veracidad y la calidad probatoria no sólo la legalidad cuenta también la falsedad aún más peligrosa. Esta realidad debe ser afrontada con peritos expertos en esta nueva tecnología que puedan detectar las distorsiones. Se trata de impedir el engaño por el origen de las pruebas y de asegurar la verificación. El proyecto de ley debe generar un amplio debate ya que la anulación de procesos judiciales es algo muy serio. Es la oportunidad de dar seguridad a los jueces sobre la información de las partes. La iniciativa no puede ignorar la desinformación convertida en flagelo universal y que aunque se filtre una sola prueba obtenida ilegalmente o fabricada por IA ya se contamina todo el proceso o se atenta contra el veredicto judicial en el que se juegan vidas y honras. En general se aplica la Doctrina de los frutos del árbol envenenado. En EE.UU. y algunos países de Latinoamérica, las pruebas ilícitas son inadmisibles lo que anula el proceso si son esenciales para la acusación. El mismo criterio se aplica si son tecnológicamente fabricadas. En Europa, algunas pruebas ilícitas pueden ser admitidas si el daño causado por su exclusión es mayor que el causado por su obtención. Se evalúa caso por caso como debe ser. Todo esfuerzo se justifica cuando el objetivo de una justicia sin cuestionamientos.