En lugar de concentrar todos sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y la corrupción —los dos flagelos que más castigan al país—, el Ministerio Público se encuentra atrapado en una pugna institucional con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Tras las disputas internas que desgastaron a la Fiscalía de la Nación en los últimos meses, la actual titular, Delia Espinoza, ha optado por aferrarse al cargo a cualquier costo, en abierta confrontación con la JNJ, que ha propuesto suspenderla. Este enfrentamiento no solo erosiona la institucionalidad, sino que distrae a la Fiscalía de su misión esencial: ser un actor clave en la defensa de la legalidad.

La JNJ ha planteado abrir un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación con base en cuatro cargos específicos. No se trata de simples acusaciones políticas o de opiniones ligeras, sino de cuestionamientos con argumentos sólidos que ameritan ser examinados en el marco del debido proceso. La situación exige transparencia, responsabilidad y respeto irrestricto a la ley, pues la credibilidad de la justicia está en juego.

Lo preocupante es que mientras la Fiscalía se desgasta en luchas internas y en confrontaciones con la JNJ, la delincuencia sigue avanzando sin freno y la corrupción se enraíza en las instituciones del Estado. El Ministerio Público, llamado a ser la punta de lanza en estas batallas, aparece más bien distraído, debilitando la institucionalidad y dejando a la ciudadanía sin la respuesta firme que reclama.