Este 9 de enero serán dos años de la masacre de Juliaca, donde 18 personas fueron asesinadas. Luego, el 18 de enero, dos más parecieron en Macusani y el 20 de enero uno más en Ilave. Fueron 49 en el país, todos asesinados según Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Naciones Unidas, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL y la Asociación de familiares de Mártires y víctimas del 9 de enero del 2023.

Aún en la etapa preparatoria de la investigación, se ha cambiado cinco fiscales encargados, el último con la actual fiscal suprema Delia Espinoza. Aún no se obtiene identificación plena de los autores directos de estos crímenes, limitándose la acusación fiscal a formular cargos contra autores mediatos, 16 mandos intermedios policiales y tres militares.

El 30 de julio del año pasado se formuló acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y los ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, por homicidio calificado, omisión y dolo eventual por las graves violaciones de derechos humanos por 44 fallecidos y 116 heridos tras las manifestaciones de diciembre 2022 a febrero 2023. Incluso el Congreso, el 2024, admitió a trámite la denuncia interpuesta. En ambos casos, no hay ningún avance significativo.

No son las horas de Cipriani, pero la visión y la actitud política se mantienen. Los derechos económicos, políticos y sociales, incluyendo la capacidad de elección presidencial solo se reconocen para la minoría del país. A los demás nos toca desarrollar movilización y lucha para obtenerlos y ejercerlos como corresponde en toda sociedad que se quiera llamar civilizada y con perspectiva de desarrollo. El reconocimiento de la igualdad ciudadana es elemental y necesario si queremos construir ciudadanía, país y dignidad.