El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado por la Asamblea Nacional venezolana en “abandono del cargo”. Técnicamente ya no es presidente de Venezuela. El argumento jurídico-político está fundado en la fuerte crisis que sufre el país devenida del incumplimiento del mandatario de sus deberes previstos en la Constitución, con lo cual está al margen de la propia Carta Magna venezolana. No se trata de un abandono físico del cargo únicamente. Lo relevante jurídicamente -repito- es que se ha producido el abandono del cargo por sus irresponsabilidades como jefe de Estado al ser indiferente con el mandato que la Constitución le exige ante sus ciudadanos. Esta situación deja expedito el camino para que se realicen dentro de los 30 días siguientes las elecciones, al consumarse la denominada “falta absoluta” del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de gobierno. Así está previsto por el abrumador acuerdo de la Asamblea, que señala: “… se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto”. La “justicia” venezolana, como era previsible, ha declarado que el Congreso no tiene facultades para destituir al presidente. Error gravísimo. La facultad del Parlamento está en la Constitución, que lo faculta con solo una mayoría simple de sus miembros (84 diputados de los 167) y lo ha sobrepasado. Además, se ha realizado en cumplimiento estricto del artículo 233° de la Constitución y esta es una prerrogativa que conserva intacta la Asamblea Nacional. Maduro buscará imponerse militarmente. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Mientras tanto, los venezolanos tendrán que salir a las calles para exigir que se respete la voluntad del soberano, que es el pueblo representado en el Parlamento.