La Policía desalojó ayer a un grupo de mineros informales que permaneció durante doce días acampando frente al Congreso. Sin embargo, este operativo no resuelve el fondo del problema: las ocho carreteras bloqueadas en el norte y sur del país, que causan pérdidas económicas superiores a los 280 millones de soles diarios, mantienen paralizadas las rutas del comercio y el transporte, y comienzan a generar desabastecimiento en varias ciudades, con 45 kilómetros de vehículos varados. Incluso, en una vía de Arequipa ya hubo un muerto.

La amenaza de los mineros de radicalizar sus medidas es un claro desafío al Estado. Su malestar estalló luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazara el dictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), un intento disfrazado de reforma que en realidad buscaba perpetuar el sistema de permisividad vigente. Bajo el nuevo nombre de Renapma —Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal—, se proponía continuar, sin condiciones reales, con el modelo del Reinfo, un registro que desde hace años ha servido como escudo para la minería ilegal.

El rechazo al dictamen pro informalidad en el Congreso es un paso positivo. Pero no basta. El Estado debe recuperar el control de las vías bloqueadas, garantizar el orden público y, sobre todo, enviar un mensaje inequívoco: que la legalidad no está en venta, que la minería responsable es bienvenida, pero la ilegalidad no tendrá nunca carta blanca.