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La renuncia de los presidentes del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura debe marcar el inicio de una verdadera reestructuración en el sistema de justicia de nuestro país. De otra manera, se modificarán solo los nombres y el futuro será más de lo mismo.

Mientras tanto, la gente se une en las calles, no tanto porque coincide ideológicamente, sino porque se enfrenta a un enemigo común: la corrupción. Es evidente que el Perú de estos días presenta un panorama de manifestaciones y protestas no solo contra jueces, sino también contra la clase política. Lo ideal sería que las discusiones sean profundizadas, y el debate sea alturado y profesional para llegar a conclusiones que aporten a solucionar este gran problema.

Hay la percepción que el Poder Judicial y el Congreso se alejaron de los intereses de la población, y están más cerca de las componendas y arreglos bajo la mesa de personajes que están embarcados en proyectos y planes con perspectiva de poder económico o político.

Esta crisis es una oportunidad para que el presidente de la República, Martín Vizcarra, se coloque a la cabeza de una corriente renovadora, que siendo dura e inflexible, debe cuidarse de no caer en la prédica populista.

Este momento demanda una concertación de voluntades políticas y un conocimiento real sobre la institucionalidad de los poderes en el Perú. Es lamentable que hasta el momento no haya un debate respecto a la viabilidad de un país moderno, lo que hay son disputas y una incapacidad absoluta para lograr consensos.