Ecuador declaró el conflicto armado interno contra la criminalidad internacional organizada. Y el estado de sitio frente a una delincuencia sin precedentes en ese país y en la región. En el Perú también tenemos una gravísima crisis de seguridad y una ineptitud de gobierno que propicia la erosión de instituciones y autoridades. El joven mandatario ecuatoriano solo ha podido autorizar la intervención del Ejército para frenar la delincuencia cuya jefatura máxima está en las cárceles, algo que también sucede en nuestro país para la extorsión y el sicariato que han ido creciendo en la última década. El enorme impacto político y social se explica porque nuestra frontera norte, porosa y frágil, puede permitir que los cabecillas pasen a nuestro país y porque nuestra propia crisis de seguridad nos agobia día a día sin solución a la vista. La internacionalización de las bandas criminales es una realidad amparada en la digitalización que propicia una comunicación inmediata y sin fronteras. Las imágenes virales del secuestro armado de un canal de televisión, con periodistas y trabajadores rehenes bajo amenaza de muerte, son una presión muy fuerte para el gobierno de Dina Boluarte. La mano dura de Bukele vuelve como solución posible ´para la gente que clama por acción y protección ante la delincuencia impune. Pero no se trata solo de pedir una implacable política de Estado contra el crimen, se requiere una perspectiva integral de seguridad con especial mirada y voluntad política para impulsar la agenda social que ayude a los miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan y pueden ser reclutados por los criminales. Necesitamos castigo, cárceles y justicia, pero también la paz social que viene de la atención a las necesidades de las mayorías para sostener la democracia y el estado de derecho.