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De súbito, volvió a los oídos de todos la palabra “reconciliación” (a la que se han referido el presidente de la República, la premier Aráoz, así como muchos analistas y comentaristas), que sintetiza el anhelo de verdadera paz social que requiere el país. Los últimos acontecimientos políticos han propiciado su búsqueda como condición ineludible para nuestro desarrollo y progreso. Pero ¿por qué se nos está haciendo tan difícil a los peruanos, después de 17 años desde el proceso de transición política del gobierno de A. Fujimori al de V. Paniagua, transigir en una mínima conciliación que nos permita iniciar la senda correcta?

Creo, con la mayor convicción, que los primeros esfuerzos hacia la reconciliación estuvieron mal encaminados, y peor implementados. Fueron realizados por quienes, hasta el día de hoy, son los principales perturbadores de la ansiada reconciliación. Me refiero al sector ideológico de izquierda que concibió, diseñó y conformó (en su gran mayoría) la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo informe no dijo toda la verdad y ha contribuido en muy poco a la reconciliación.

En su concepción y diseño, hecho a semejanza de las Comisiones de la Verdad que se formaron en Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala, no supieron (o no quisieron) diferenciar que eran países con realidades distintas, en las que gobiernos militares dictatoriales sí realizaron ejecuciones selectivas de subversivos (Argentina y Chile) y matanzas indiscriminadas a poblaciones civiles (El Salvador y Guatemala) como política de Estado, lo que dista sideralmente del caso peruano, regido por un gobierno elegido democráticamente desde las elecciones de 1995, y que contaba con una política de pacificación de acción cívica que dio excelentes resultados en el país.