La Fiscalía de la Nación inició diligencias contra Fuerza Popular por supuestas prácticas antidemocráticas que, según la denuncia, serían tres: los aportes ilegales en el “caso Cócteles” (hecho judicializado), por no reconocer los resultados y denunciar en las elecciones 2021 y por el caso de los “Mamanivideos”. El objeto de este proceso es declarar ilegal al partido Fuerza Popular.

Lo mismo se plantea contra el partido País para Todos por cuanto su líder opinó sobre la pena de muerte para violadores de menores y la expulsión de extranjeros.

El hecho resulta singular, ya que se da 24 horas después del anuncio de la presidente de convocar las elecciones generales. Ello, además de perjudicar a los partidos, significa una injerencia en política del Ministerio Público, situación inaceptable en un estado de derecho.

Esta semana, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a 10 años de prisión efectiva por homicidio simple al suboficial PNP Gilmer Torres quien, en defensa propia, disparo a un delincuente armado que le robó. También se han producido muertes por la aplicación de un suero fisiológico en mal estado y hace algunas semanas se registraron muertes por la caída del techo en un centro comercial en Trujillo. ¿Alguna respuesta? Se suma a ello las reiteradas denuncias respecto a que la policía detiene y el Ministerio Público y jueces liberan a delincuentes.

Brookfield, firma que compró acciones de las empresas brasileras que dieron dinero a Susana Villarán, que maneja Rutas de Lima, ha iniciado un arbitraje contra el Estado peruano, exigiendo una compensación de más de 2,700 millones de dólares. En dicho proceso el Estado estaría en ventaja de iniciarse el juicio oral y condenar a Villarán, situación que hasta hoy no se da.