El Ministerio de Educación, al que muchas veces hemos criticado, y especial a su actual ministro Morgan Quero, ha tomado la excelente medida de retirar de colegios públicos a 829 entre docentes y administrativos por tener procesos abiertos o sentencias por terrorismo o violación, algo a lo que, entendemos, nadie en su sano juicio se podría oponer.

De por medio están los niños y adolescentes, por lo que cualquier medida que impida que estén en contacto con sentenciados o incluso con procesados, a los que se podría reponer en caso más adelante sean declarados inocentes en última instancia, tiene que ser saludada y respaldada por la ciudadanía.

Tal como informamos ayer, la cifra mencionada corresponde a los docentes y administrativos retirados entre abril del 2024 y marzo de este año.

Ningún “derecho al trabajo” puede estar por encima del derecho que tienen niños y adolescentes de recibir formación en lugares donde se mantengan alejados de promotores de “ideologías” de la muerte y el odio como son los terroristas; y de agresores sexuales en todas sus variantes.

Si está gente necesita trabajar y goza de libertad, que se vayan a otro lado donde no sean un peligro para los futuros ciudadanos de este país.