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El denominado Grupo de Lima -lo integran 14 Estados de los 35 que componen la Organización de los Estados Americanos (OEA)-, surgido contra la dictadura de Nicolás Maduro, acaba de decidir un paso político muy importante sobre su régimen. Conviene precisar que la medida no es sobre la República Bolivariana de Venezuela, sino sobre su gobierno, es decir, el gobierno chavista de Maduro, que es distinto. 

Lo voy a explicar. El gobierno es uno de los cuatro elementos constitutivos del Estado, pues concentra el poder para su administración. Los otros 3 son el territorio, la población y la capacidad de relacionamiento internacional. Sin ellos no existe un Estado o “sociedad jurídicamente organizada”, que sigue siendo hasta ahora su mejor definición desde la ciencia política. Venezuela cuenta con los 4 elementos; por eso, no se cuestiona ni califica al Estado llanero, sino solo a uno de sus componentes: el gobierno, que es el que conduce el destino del país, porque carece de legitimidad (aprobación) para ejercer el monopolio y/o control del poder nacional. 

El gobierno de Maduro tiene poder -sus actos arbitrarios y de violación flagrante de los derechos humanos lo desnudan de cuerpo entero-, pero su mayor problema a partir del 10 de enero, cuando teatralmente tome posesión otra vez del cargo, será que el poder político que detenta nadie lo reconocerá; es decir, lo van a ignorar, con lo cual sus actos jurídicos futuros, para todos los efectos, sufrirán las restricciones acordadas por el Grupo. ¿Existirá el gobierno? Sí, pero será desde esa fecha un gobierno de facto (de hecho), no de iure (de derecho), y esa sola condición de marginalidad con el derecho limitará muchísimo al régimen, a punto de convertirse en paria. 

La decisión del Grupo de Lima es un acuerdo colectivo -México no ha firmado la declaración-; sin embargo, el reconocimiento o no de un gobierno es esencialmente unilateral. Ese es su mérito; es decir, que los Estados se hayan reunido en Lima para expresar sus decisiones unilaterales. Con unas elecciones presidenciales totalmente irregulares, no había forma para sostener que su resultado refleja la voluntad del pueblo venezolano.