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La noche del martes último, la protesta en contra del Congreso de la República, en Lima, se desbordó y una turba de enajenados sujetos (infiltrados) atacaron y quemaron un vehículo policial. Los videos muestran como los revoltosos destruyen la unidad oficial. Los autores son identificados y detenidos. La Policía los detiene y entrega al Ministerio Público. El fiscal solicita nueve meses de prisión preventiva, empero el Poder Judicial -argumentando que no había pruebas suficientes- los deja libres y ordena ampliar las investigaciones del caso por 30 días más. Como van las cosas, todo parece indicar que la protesta, donde imperó la violencia y se atentó contra la propiedad pública, no será sancionada como pasó en anteriores ocasiones.

Por gusto existen las normas en el país si estas no van a ser respetadas y menos haya instituciones que las hagan cumplir.

La Policía Nacional busca restablecer el orden, detiene por horas a los revoltosos, los entrega al Ministerio Público y luego el proceso pasa al Poder Judicial para que al final -casi siempre- salgan con el mismo cuento de siempre: no da a lugar el proceso judicial.

Revisando las normas existentes se llega a la conclusión de que muy pocas se aplican, como el artículo 200° o el 281° del Código Penal, donde claramente se detallan las sanciones por estos hechos. Todo cae en saco roto.

Estas reiterativas muestras de impunidad nos llevan a la conclusión de que los bloqueos, atentados contra la propiedad y otros continuarán dándose, empero en muy raros casos habrá castigo para los responsables que las promueven, pues estos saben cómo evadir su responsabilidad y en gran parte porque es parte de su actividad cotidiana.