Hace diez días el Gobierno tenía dos objetivos: restaurar el orden en la provincia de Islay y evitar que el proyecto Tía María se convierta en inviable. Al día de hoy aún no puede imponer su autoridad en el Valle del Tambo y hace los mayores esfuerzos para evitar declarar la suspensión del proyecto.
Por su lado, los antimineros han incrementado sus acciones de violencia, enfrentando a la Policía, desacatando su autoridad, con el fin de generar un ambiente que haga claudicar al Estado peruano.
Ayer hemos visto cómo las fuerzas del orden fueron rebasadas en número y capacidad de violencia por los llamados “espartambos”. Era una situación que debió ser prevista y que demuestra que el comando policial ha fallado. No puede ser que el Estado peruano no pueda controlar la seguridad de un pequeño distrito como es Cocachacra ya sea con un número superior de fuerzas que retraiga a los antimineros o con el uso de los diversos métodos disuasivos que la tecnología ofrece hoy.
¿No hay policías suficientes para restaurar el orden en un pequeño valle? ¿Gente armada con hondas puede mostrar superioridad de capacidad de ataque sobre nuestra Policía?
Hay una severa negligencia desde el Gobierno. Lo más grave es que el Presidente de la República, por su formación militar, debiera haber estado en capacidad de evitar esta situación. Cada día son más las vidas que cobra la violencia de las huestes de Pepe Julio Gutiérrez, y mientras tanto, desde el gobierno central no se asume la responsabilidad de hacer respetar la autoridad. Islay es una provincia donde el Estado peruano no puede ejercer autoridad. Alguien debe asumir la responsabilidad de esto.
