La clase política peruana está muy golpeada por las declaraciones del delincuente Barata, quien busca rebajar su pena en Brasil a cambio de delatar a su banda.

La confesión de este hampón de cuello y corbata sobre la coima de 20 millones de dólares a Toledo por la Interoceánica Sur ha convulsionado el establishment político.

Lo sucedido el 4 de agosto de 2005 cuando se firmó el contrato para hacer la Interoceánica merece una reflexión.

Causa sorpresa la actitud de los ministros y asesores de entonces y surgen muchas preguntas:

¿Por qué se exoneró del SNIP a la carretera Interoceánica?

¿Por qué se elevó el techo de endeudamiento público?

¿Por qué se ignoró las objeciones de la Contraloría?

¿Por qué se le permitió al consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA que participen si estaban impedidos por ley por tener juicios pendientes con el Estado?

¿Por qué no se opusieron los ministros de ProInversión a tal despropósito cuando los “engañaron” diciendo que no era la empresa… Constructora sino Contrutora (Odebrecht) y no era GyM SA sino GyM SAA (Graña y Montero)?

¿Por qué forzaron la decisión y buscaron un informe del Estudio Monroy, el cual llegó en 18 minutos, según el exministro Alfredo Ferrero?

Finalmente, el Dr. Monroy dice que él entregó el informe de marras dos días después de la firma del contrato. Entonces, ¿quién miente: Ferrero o Monroy?