Las afiliaciones indebidas no solo vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que también ponen en evidencia la debilidad de nuestro sistema de control electoral. A ello se suman indicios preocupantes sobre la existencia de verdaderas “fábricas de firmas”, un fenómeno que no puede ni debe quedar impune. El Ministerio Público debe asumir su responsabilidad e iniciar una investigación penal seria y urgente.

La afectación a los ciudadanos es directa. Muchos descubren, sin saber cómo, que aparecen afiliados a partidos políticos sin haberlo autorizado. Al intentar ejercer su derecho a reclamar, se enfrentan a un proceso burocrático y costoso. Con la Resolución N.º 135-2025-DNROP/JNE, ya son tres los casos en que se desestima la denuncia por falta de una pericia grafotécnica, cuyo costo promedio es de 300 soles, sin considerar los honorarios legales. Es decir, se traslada al ciudadano la carga de probar que nunca se afilió.

Frente a este escenario, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia ha anunciado la posibilidad de iniciar procesos sancionadores contra los partidos responsables de este uso indebido de información personal. Esta acción es urgente y necesaria.

La ANPD debe intervenir con firmeza. No solo para asegurar que los partidos cumplan esta obligación, sino también para ampliar su fiscalización a otras entidades públicas donde podría estarse filtrando la información de los ciudadanos. El Estado debe garantizar que los datos personales no terminen siendo la materia prima de estas fábricas de firmas.

Necesitamos instituciones que fiscalicen, sancionen y actúen. El costo de no hacerlo no solo es legal: es ético, democrático y profundamente ciudadano.