La nueva composición de la Cámara de Diputados ha colocado a Juntos por el Perú al frente de dos comisiones particularmente sensibles: Constitución y Justicia. Se trata de espacios desde los cuales se pueden impulsar reformas de enorme trascendencia institucional. Por eso preocupa que, casi inmediatamente, algunos integrantes de esta bancada hayan planteado la creación de una comisión investigadora relacionada con el expresidente Pedro Castillo y su intento de romper el orden constitucional en diciembre del 2022.

La pregunta es inevitable: ¿se pretende investigar para esclarecer hechos o para construir una nueva narrativa que termine favoreciendo políticamente al exmandatario?

Nadie debería oponerse a una investigación parlamentaria cuando existen razones objetivas que la justifiquen. El Congreso tiene facultades de fiscalización y debe utilizarlas cuando corresponda. Pero una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar una comisión como instrumento de revisión política de decisiones que ya han sido sometidas al conocimiento de las instituciones encargadas de administrar justicia.

También existe un asunto que suele pasar inadvertido: el costo. Crear una comisión investigadora implica recursos públicos, personal, tiempo y logística. En un país que necesita concentrar sus esfuerzos en combatir la inseguridad, mejorar los servicios públicos y reactivar la economía, el Parlamento debería preguntarse si cada comisión que propone responde realmente a una necesidad nacional o a una agenda partidaria.