La investidura al gabinete fue aprobada y, a pesar del evidente acuerdo de sobrevivencia entre gobierno y Congreso, es de justicia reconocer que se trata de una práctica instaurada desde el año 2016. Cuando el partido de gobierno carece de mayoría congresal, surge el ofrecimiento individual a los representantes parlamentarios para la pronta aprobación de obras públicas a sus regiones, a cambio de votos para aprobar la cuestión de confianza a la política general del gobierno planteada por el primer ministro. El problema de fondo son las irregularidades o “chanchullos” a los que internamente se prestan dichas operaciones, a la vez que también son estimuladas por gobiernos locales y regionales.

En lo que respecta a la salud para toda forma de gobierno, se trata de una práctica que erosiona la natural dinámica política entre el ejecutivo y la oposición. La mayoría parlamentaria no se gana más en las urnas ni se forja mediante el consenso político, tampoco exigiendo el previo cambio de un ministro cuestionado para otorgar la investidura, simplemente se compra a buen precio.

Es cierto que entre los representantes al Congreso existen excepciones, no se pueden generalizar las prácticas aludidas, pero resulta clara la intención de un importante número de parlamentarios para ingresar al Congreso con la finalidad de reducirlo en una asamblea donde se gestionen intereses tanto individuales como corporativos. La coyuntura política opera como un elemento distractor en los medios, para poder ocuparse de otras tareas más lucrativas que nobles. Por eso, tengamos en cuenta que un considerable número de partidos operan con agenda propia y compuesta por individualidades. Los más longevos y con historia se han convertido en franquicias vaciadas de contenido, sin un ideario que identifique a sus miembros y menos con unos postulados en común que promuevan la predictibilidad en sus votaciones.