Es de esperarse que las más duras sanciones a nivel ético y penal sean aplicadas contra los legisladores de Juntos por el Perú (JP) que han dado empleo a dos parientes de trabajadores penitenciarios y al exdirector del penal Barbadillo, donde purga condena quien en la práctica se ha convertido en el amo y señor de la bancada de la izquierda radical: el golpista Pedro Castillo, de quien ya había noticias de que pedía la contratación en el Poder Legislativo de algunos de sus “recomendados”.
Lo que ha denunciado Cuarto Poder este domingo es escandaloso. Yulissa Lucero Chujutalli, hija del actual director del penal Barbadillo, Calixto Lucero Rodríguez, ha tenido la “suerte” de entrar a trabajar al despacho de la diputada Azuzena Isla Rojas, quien tendrá que responder ante la ley por esta contratación que sin duda ha sido ordenada por el sinvergüenza que intentó convertirse en dictador y ahora tiene el desparpajo de pedir una amnistía a través de sus legisladores títeres que les aceptan todas sus exigencias.
Otro caso es el de Alejandro Hurtado Paz, hijo de Juan Ramón Hurtado, uno de los carceleros del golpista, quien ahora trabaja en la bancada de JP. Y hay un tercero: Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal Barbadillo, quien ha entrado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que preside nada más y nada menos que Catherine Palomino. Dos parientes y un excustodio de Castillo, han conseguido un empleo pagado por todos los peruanos. Qué suerte la de ellos.
Esto también es una muestra más del nivel de putrefacción en que se encuentra el sistema carcelario en el país. La corrupción de muchos de sus miembros no solo se traduce en el ingreso de celulares, armas y demás objetos prohibidos, sino también en situaciones vergonzantes como esta, pues conseguir empleo para los hijos o el exdirector del penal, tiene que ser a cambio de algo al margen de la ley. Todos los mencionados líneas arriba, deberían ser echados en el acto, denunciados y sancionados por el Poder Judicial.
Cómo será de vergonzante esto que hasta Ernesto Zunini, vocero de la bancada de JP en la Cámara Baja y conocido defensor de un investigado por agredir a una mujer como su colega Julián Pérez Mallqui, ha marcado distancia con lo denunciado. ¿Se imaginan si cuando Alberto Fujimori estaba preso hubiera salido a la luz que en la bancada “naranja” daban trabajo a los parientes de sus carceleros? Mínimo habrían pedido que trasladen al “Chino” a Lurigancho o a Challapalca, pero como se trata de Castillo, no hay problema. Todo bien, ¿no?