El denominado gabinete de la reconciliación juramentó tras la crisis por la vacancia y más de dos semanas de deliberaciones luego de ser otorgado el ilegal “indulto humanitario”. Pese a los intentos de PPK y Aráoz, se ahondan las diferencias entre los fujimoristas y las fuerzas democráticas que denunciamos la burda maniobra del indulto.

Nuestro país, dueño de gran potencial social y diversidad cultural, en el plano político enfrenta grandes divisiones, resultado de discriminación y exclusión en el ejercicio de los derechos fundamentales, así como por los años de violencia terrorista de 1980 al 2000.

Una verdadera reconciliación tiene que partir del reconocimiento de los delitos cometidos por los actores políticos y sociales responsables, pedir perdón a las víctimas, sus familiares y al país. Sobre esta base, asumiendo que ni la barbarie ni los delitos cometidos se repetirán, podremos avanzar en construir un proyecto nacional, con metas de Estado y mecanismos de consecución de ellas a fin de construir un país con economía descentralizada y diversificada, preservando el medio ambiente, eficiente prestación de servicios públicos, educación de alta calidad y la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales a sus habitantes.

La reconciliación del gabinete Aráoz y PPK es un mecanismo para acuerdos políticos y económicos con el fujimorismo y el APRA porque coinciden en la política económica, pero también porque coinciden en haberse beneficiado de la corrupción con Odebrecht, OAS y Camargo Correa, privatizando la función del Estado y a espaldas de los peruanos. La verdadera reconciliación es con las grandes mayorías.